
El Gobierno del Perú definió como prioritaria, para el primer semestre de 2026, una cartera de 22 proyectos de Asociación Público-Privada (APP) por un monto superior a los US$ 5.700 millones, con alcance en 23 regiones del país. La iniciativa reúne proyectos de infraestructura con incidencia directa en la logística, la movilidad, la prestación de servicios públicos y la integración territorial.
La cartera fue presentada durante la primera sesión presencial del Consejo Directivo de ProInversión, agencia encargada de promover la inversión privada, liderada por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien preside el órgano. En la reunión se expusieron los avances del portafolio de APP, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los proyectos priorizados abarcan sectores como saneamiento, salud, energía, inmuebles, turismo e infraestructura portuaria. Entre las iniciativas figuran el terminal portuario de Chimbote, plantas de tratamiento de agua en Cajamarca, San Martín, Puerto Maldonado, Trujillo, Huancayo y Cusco, así como proyectos vinculados a la movilidad y a la operación de servicios públicos.
Desde una perspectiva logística, la incorporación de infraestructura portuaria y urbana apunta a ampliar la capacidad de movimiento de carga, mejorar la conectividad regional y reducir restricciones operativas. La cartera también incluye activos relacionados con el transporte de pasajeros y la articulación de corredores económicos.
Durante la sesión, se informó que se dará prioridad a la gestión de adendas contractuales orientadas a ampliar y mejorar servicios de infraestructura ya en operación. Entre los sectores considerados se encuentran EsSalud, los aeropuertos a nivel nacional y la Línea 1 del Metro de Lima, con el objetivo de adecuar la capacidad operativa a la demanda existente.
ProInversión indicó que el año 2026 podría marcar un nivel récord de adjudicación de proyectos. De acuerdo con la agencia, el nuevo marco normativo permitirá adjudicar proyectos de baja complejidad en menos de un año, mientras que los proyectos de mayor complejidad podrán concretarse en un plazo máximo de 24 meses.
El Ejecutivo peruano sostiene que el uso de las APP y los Proyectos en Activos permite acelerar la ejecución de infraestructura, asegurar su operación y mantenimiento, y ampliar la cobertura de servicios sin generar presión directa sobre las finanzas públicas. La estrategia busca dar continuidad a los proyectos y previsibilidad a los actores privados involucrados.
La sesión contó con la participación de los ministros de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción, integrantes del Consejo Directivo de ProInversión y responsables del seguimiento sectorial de los proyectos priorizados.